La cifra la reveló la Procuraduría, en víspera del Día contra la Corrupción, que se celebra hoy.
* Zar Anticorrupción revela cuánto dinero se ha perdido por corrupción en contratos
Según esas cifras, de estadísticas recolectada por la Oficina Anticorrupción, los 3,9 billones de pesos que en procesos de contratación van a parar a los bolsillos de los corruptos alcanzarían para pagarle 10 semestres de carrera universitaria a 80 mil jóvenes colombianos, con un valor de 5 millones de pesos cada semestre.
Los cálculos del Ministerio Público y del Zar Anticorrupción indican que los recursos con los que se quedan los corruptos equivalen a la financiación de dos años de la seguridad democrática; podrían ser subsidios de vivienda por valor de 11,5 millones de pesos para 347 mil familias de escasos recursos o cubrir la educación de 325 mil niños.
La cifra de los 3,9 billones de pesos perdidos en corrupción la estableció la Oficina Anticorrupción, tras conocer una encuesta realizada por Transparencia por Colombia y la Universidad Externado a 560 empresarios que contratan con el Estado.
Según Óscar Ortiz, zar Anticorrupción, se calcula que el 12,9 por ciento de los recursos contratados se van en pagos de sobornos, del total de 30 billones de pesos de contratos que ejecuta la Nación. Y tan solo el 8 por ciento de los encuestados que conocen de hechos de corrupción los denuncian, agregó.
Ortiz aseguró, además, que hoy existe "una sofisticación de la corrupción", pues décadas atrás se concentraba en "sustraer elementos de oficias y cobros por trámites" mientras que hoy "la tendencia es la intervención con operaciones financieras, manejos de excedentes financieros, contratos de fiducia y patrimonios autónomos".
Por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez reiteró ayer que "la corrupción está a punto de convertir a Colombia en una nación inviable".
Embolatados más de $100 mil millones
Varios municipios, departamentos y entidades como la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) tienen embolatados más de 100 mil millones de pesos que fueron entregados a particulares a través de una figura denominada "ofertas de cesión de derechos de beneficio con pacto readquisición".
En la investigación por el detrimento de esos dineros la Fiscalía acaba de tomar las primeras decisiones y ordenó la captura de los ex tesoreros de Villavicencio Miguel González Roncancio y Agustín Hortúa Rodríguez, como los presuntos responsables de la pérdida de 30 mil millones de pesos en la capital del Meta.
El dinero salía de las arcas públicas y a través de una fiducia iba a parar a particulares que se comprometían a devolverlo con intereses, pero que al final no pagaron. De esta forma, Casanare tiene comprometidos 13 mil millones; Yumbo (Valle), 10 mil millones; Castilla La Nueva (Meta), 4 mil millones, y la DNE 25 mil millones de pesos.
Contraloría, con los ojos en Barú
El contralor General, Julio César Turbay Quintero, advirtió posibles irregularidades en la decisión de un juez de Cartagena que ordenó la devolución del predio La Puntilla, en la isla Barú (Bolívar), a un hombre que interpuso una acción de tutela.
Según el jefe del organismo de control, el terreno -que mide 74 hectáreas (cada una puede costar mil millones de pesos)- pertenece a la Nación y está a nombre de Fonade. Por eso, anunció que vigilará y llevará el caso a la comisión interadministrativa contra la corrupción, pues "de los hechos en cuestión podrán derivarse un daño al patrimonio público, una conducta disciplinaria y un eventual delito", dijo Turbay Quintero.
Este predio, ubicado cerca al lugar donde se adelanta un megaproyecto hotelero en la isla Barú, fue desalojado en septiembre pasado tras una larga batalla jurídica entre personas de la región y el Gobierno que aseguraba que el terreno fue invadido. En su momento, más de 100 ciudadanos fueron sacados del predio, pero insistieron que son herederos de las tierras y que el procedimiento fue ilegal.
Al anunciar la Contraloría que evalúa hacerse parte en el proceso, planteó varias dudas. Entre ellas que Eduardo González Angulo, quien interpuso la tutela concedida por el juez 13 administrativo de Cartagena, al parecer "ni siquiera (era) ocupante ilegal del mismo". Además, cuestiona que el juez haya ordenado devolver las 74 hectáreas de tierra, cuando las que fueron ocupadas ilegalmente eran 34.
Naciones Unidas anuncia sanciones
Ban Ki Moon, Secretario General de las Naciones Unidades, asegura que los actos de corrupción no solo afectan el desarrollo de las naciones, sino la propia democracia.
"El desarrollo no es la única víctima. La corrupción manipula las elecciones, socava el estado de derecho y compromete la seguridad (...) También puede afectar gravemente al sistema financiero internacional", señaló Ban Ki Moon, al celebrarse hoy el Día Internacional contra la Corrupción. El Secretario General anticipó que habrá sanciones para los estados que no combatan ese flagelo.
miércoles, 9 de diciembre de 2009
martes, 8 de diciembre de 2009
Cada año 450.000 menores dejan las aulas para dedicarse a otras labores
El índice de desempleo, que según reveló el DANE esta semana está en 11,5 por ciento, preocupa a las autoridades educativas porque temen que pueda incidir en la deserción escolar, ya de por sí muy alta: un millón de menores entre 5 y 16 años no están yendo al colegio. "No pude estudiar más porque mi mamá no podía con todos los gastos -dice Jorge, que llegó hasta 9º grado-. Hoy trabajo en lo que me salga para ayudar en la casa".
La crisis económica se ha convertido en el mayor enemigo de la educación: de cada 10 estudiantes que abandonan las aulas, cuatro lo hacen por razones económicas. "La falta o escasez de ingresos lleva a las familias a sacar a los hijos del colegio para que ayuden con la manutención del hogar -dice el analista educativo Carlos Arcila-. Lo triste es que la deserción aumenta la brecha social".
Los problemas económicos golpean a las familias y, en consecuencia, repercuten en las finanzas de los centros educativos, muchos de los cuales ya anunciaron que el año entrante no abrirán sus puertas. En Bogotá, por solo mencionar un ejemplo, 12 colegios, que agrupan a más de 3.100 alumnos, han anunciado la suspensión de labores. Uno de ellos es el Sor Teresa Valse, con 50 años de funcionamiento. "La situación era insalvable y los deudores no cumplieron con sus pagos -afirma la rectora sor Paulina Gutiérrez-. Así no podíamos seguir, había cada vez más gastos y menos ingresos".
Pero la mala situación económica no es la única causa de deserción. Según el Ministerio, en la lista de razones también figuran la violencia, el desplazamiento, el embarazo adolescente y hasta la falta de motivación, pues muchos alumnos piensan que lo que aprenden en las aulas no es útil para sus vidas. "El hecho de que la gente vea que hay alternativas más rentables que la educación, es preocupante -dice la ministra Cecilia María Vélez-. La deserción es un gran problema que combina muchos factores y al que hay que ponerle toda la atención". Cada año, cerca de 450.000 menores dejan el cuaderno y el lápiz para dedicarse a otras labores.
El mayor porcentaje de desertores se da entre los niños de niveles socioeconómicos bajos, y el número crece a medida que aumentan los grados de escolaridad. De cada 10 estudiantes que inician la primaria, solo uno va a la universidad, y de cada dos que se inscriben en la universidad, solo uno termina carrera.
Qué hacer
Conocedores de la situación consultados por CAMBIO coinciden en que es necesario que el Estado desarrolle una política más agresiva para contrarrestar las causas de la deserción que genera tanta desigualdad social. "Si no hay acciones más decididas, más niños saldrán de las aulas y habrá mayor brecha social", asegura el analista educativo Juan Camilo Hernández.
La ministra Vélez asegurá que el Gobierno invertirá 700.000 millones de pesos en el sector con el fin de que en 2010 el porcentaje de deserción escolar se reduzca al 5 por ciento. "Queremos garantizar que ningún niño se quede sin educación y quisiéramos que los padres, en los que a veces detectamos desidia, colaboren y manden a sus hijos a la escuela -dice la Ministra-. Si es necesario deberían aplicarse medidas de tipo policial, pero eso lo determinan las autoridades locales".
Sin embargo, los expertos sostienen que no es con "medidas policivas" como se combate el problema. Habría que empezar por identificar grupos en riesgo y por garantizar la gratuidad de la educación. Y, además, lograr que, por lo menos en las ciudades, las instituciones educativas ofrezcan todo el ciclo básico para asegurar la continuidad y el flujo de los estudiantes en todos los niveles; diseñar programas de mejoramiento de los centros educativos en gestión de recursos, y en materia pedagógica desarrollar programas flexibles, y capacitar a los maestros para que los ajusten y adapten a las diferentes realidades de las distintas comunidades. Y para los sectores más deprimidos, habría que pensar en una política de subsidios condicionados -como el de Familias en Acción-, para que las madres cabeza de familia tengan a sus hijos en la escuela, y extender el programa de desayunos escolares para los niños de los grados 0 a 5º en todo el país, con el fin de mejorar el nivel nutricional, clave para el aprendizaje. "La política de los comedores escolares ha funcionado y evita que la deserción sea mayor -anota Arcila-. El componente alimentario es pieza fundamental de este andamiaje".
Pero los expertos coinciden en que los esfuerzos serán en vano si el Gobierno no concede a la educación un lugar de privilegio en la agenda política y le destina un porcentaje más alto del presupuesto. Según la Contraloría, el gasto público en educación básica como porcentaje del PIB decreció del 3,3 por ciento en 2000, a 3 por ciento hoy, y en educación superior ha venido cayendo en forma constante, de 0,52 por ciento en 2000, a 0,35 por ciento hoy. "El hecho de que la mayoría de los jóvenes solo reciba una educación mínima, carente de las competencias básicas requeridas para el trabajo, implica su exclusión social y económica, y está estrechamente relacionado con nuestra problemática de violencia, guerra interna y delincuencia", señala la Contraloría.
Por su parte, el consultor Jorge Vallejo sostiene que si todos los problemas del país se siguen viendo desde la óptica de la guerra, "no habrá mayores avances sociales y se perpetuará la desigualdad". Y remata diciendo: "El conflicto se lleva todo el presupuesto y a lo social llega muy poco". Es necesario invertir el orden de prioridades.
La crisis económica se ha convertido en el mayor enemigo de la educación: de cada 10 estudiantes que abandonan las aulas, cuatro lo hacen por razones económicas. "La falta o escasez de ingresos lleva a las familias a sacar a los hijos del colegio para que ayuden con la manutención del hogar -dice el analista educativo Carlos Arcila-. Lo triste es que la deserción aumenta la brecha social".
Los problemas económicos golpean a las familias y, en consecuencia, repercuten en las finanzas de los centros educativos, muchos de los cuales ya anunciaron que el año entrante no abrirán sus puertas. En Bogotá, por solo mencionar un ejemplo, 12 colegios, que agrupan a más de 3.100 alumnos, han anunciado la suspensión de labores. Uno de ellos es el Sor Teresa Valse, con 50 años de funcionamiento. "La situación era insalvable y los deudores no cumplieron con sus pagos -afirma la rectora sor Paulina Gutiérrez-. Así no podíamos seguir, había cada vez más gastos y menos ingresos".
Pero la mala situación económica no es la única causa de deserción. Según el Ministerio, en la lista de razones también figuran la violencia, el desplazamiento, el embarazo adolescente y hasta la falta de motivación, pues muchos alumnos piensan que lo que aprenden en las aulas no es útil para sus vidas. "El hecho de que la gente vea que hay alternativas más rentables que la educación, es preocupante -dice la ministra Cecilia María Vélez-. La deserción es un gran problema que combina muchos factores y al que hay que ponerle toda la atención". Cada año, cerca de 450.000 menores dejan el cuaderno y el lápiz para dedicarse a otras labores.
El mayor porcentaje de desertores se da entre los niños de niveles socioeconómicos bajos, y el número crece a medida que aumentan los grados de escolaridad. De cada 10 estudiantes que inician la primaria, solo uno va a la universidad, y de cada dos que se inscriben en la universidad, solo uno termina carrera.
Qué hacer
Conocedores de la situación consultados por CAMBIO coinciden en que es necesario que el Estado desarrolle una política más agresiva para contrarrestar las causas de la deserción que genera tanta desigualdad social. "Si no hay acciones más decididas, más niños saldrán de las aulas y habrá mayor brecha social", asegura el analista educativo Juan Camilo Hernández.
La ministra Vélez asegurá que el Gobierno invertirá 700.000 millones de pesos en el sector con el fin de que en 2010 el porcentaje de deserción escolar se reduzca al 5 por ciento. "Queremos garantizar que ningún niño se quede sin educación y quisiéramos que los padres, en los que a veces detectamos desidia, colaboren y manden a sus hijos a la escuela -dice la Ministra-. Si es necesario deberían aplicarse medidas de tipo policial, pero eso lo determinan las autoridades locales".
Sin embargo, los expertos sostienen que no es con "medidas policivas" como se combate el problema. Habría que empezar por identificar grupos en riesgo y por garantizar la gratuidad de la educación. Y, además, lograr que, por lo menos en las ciudades, las instituciones educativas ofrezcan todo el ciclo básico para asegurar la continuidad y el flujo de los estudiantes en todos los niveles; diseñar programas de mejoramiento de los centros educativos en gestión de recursos, y en materia pedagógica desarrollar programas flexibles, y capacitar a los maestros para que los ajusten y adapten a las diferentes realidades de las distintas comunidades. Y para los sectores más deprimidos, habría que pensar en una política de subsidios condicionados -como el de Familias en Acción-, para que las madres cabeza de familia tengan a sus hijos en la escuela, y extender el programa de desayunos escolares para los niños de los grados 0 a 5º en todo el país, con el fin de mejorar el nivel nutricional, clave para el aprendizaje. "La política de los comedores escolares ha funcionado y evita que la deserción sea mayor -anota Arcila-. El componente alimentario es pieza fundamental de este andamiaje".
Pero los expertos coinciden en que los esfuerzos serán en vano si el Gobierno no concede a la educación un lugar de privilegio en la agenda política y le destina un porcentaje más alto del presupuesto. Según la Contraloría, el gasto público en educación básica como porcentaje del PIB decreció del 3,3 por ciento en 2000, a 3 por ciento hoy, y en educación superior ha venido cayendo en forma constante, de 0,52 por ciento en 2000, a 0,35 por ciento hoy. "El hecho de que la mayoría de los jóvenes solo reciba una educación mínima, carente de las competencias básicas requeridas para el trabajo, implica su exclusión social y económica, y está estrechamente relacionado con nuestra problemática de violencia, guerra interna y delincuencia", señala la Contraloría.
Por su parte, el consultor Jorge Vallejo sostiene que si todos los problemas del país se siguen viendo desde la óptica de la guerra, "no habrá mayores avances sociales y se perpetuará la desigualdad". Y remata diciendo: "El conflicto se lleva todo el presupuesto y a lo social llega muy poco". Es necesario invertir el orden de prioridades.
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